Es la obligación que tienen las entidades de intermediación financiera de mantener en el Banco Central o donde determine la Junta Monetaria, un porcentaje de la totalidad de los fondos captados del público en cualquier modalidad o instrumento, sean éstos en moneda nacional o extranjera. El alcance y naturaleza jurídica del encaje legal se establece en el artículo 26, literal b) de la Ley Monetaria y Financiera.